• La aplicación de la normativa local cuando el responsable del tratamiento no se encuentre en Perú, pero realice actividades relacionadas con la oferta de bienes o servicios dirigidos a titulares de datos personales ubicados en nuestro país, o con el análisis del comportamiento de dichos titulares.
• La obligación de que las entidades privadas designen a un oficial de protección de datos personales.
• El deber de notificar los incidentes de seguridad a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales en un plazo máximo de 48 horas.
  
• La posibilidad que los responsables del tratamiento puedan realizar, de forma previa, un análisis o evaluación del impacto o los riesgos que implicará dicha actividad, a fin de que adopten las salvaguardas del caso. 
• El deber de proteger los datos de menores de edad, sobre todo en la publicación o difusión de datos a través de servicios digitales.
• El derecho a la portabilidad de los datos personales, a fin de que el titular pueda solicitar que sus datos sean transmitidos a otro titular o responsable de banco de datos personales con el que busque contratar. 
• La gratuidad de los procedimientos de inscripción, modificación y eliminación de bancos de datos personales de administración pública y privada del Registro Nacional de Protección de Datos Personales. 

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